La transparencia también es justicia
Dos años después de lo ocurrido en Cornell, esta historia finalmente está recibiendo la atención que no obtuvo en 2024. Todas las personas involucradas, desde los acusados hasta los directivos quienes dirigen las instituciones, deberían de ser identificados para responder.
La estudiante identificada como Jane Doe presentó una demanda contra Cornell y siete antiguos miembros de la fraternidad Chi Phi.
Los hombres señalados son Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.
Para mí, mostrar sus nombres y rostros no significa declararlos culpables; significa que cuando existen acusaciones tan graves, las personas involucradas deben poder ser identificadas mientras el proceso legal sigue su curso.
Pero la transparencia también tiene que alcanzar a quienes dirigen las instituciones.
Michael Kotlikoff, presidente de Cornell, y otros directivos de la universidad también deben responder por las decisiones tomadas en este caso.
Sus nombres importan porque tienen poder y porque ese poder debe venir acompañado de responsabilidad.
Ahora sabemos más sobre esas decisiones. The New York Times obtuvo más de 1,000 páginas de documentos de la investigación interna de Cornell.
Los documentos muestran que dos de los hombres fueron expulsados, dos fueron suspendidos, uno fue declarado persona no grata y dos recibieron castigos más leves, incluyendo entrenamientos y trabajos de reflexión. Todos negaron haber cometido algún delito y ninguno fue acusado criminalmente de acuerdo con The Cornell Daily Sun.
Si bien estas sanciones fueron más que un simple ensayo, siguen sin parecer suficientes para una situación de esta magnitud, especialmente porque ninguna de ellas llegó a convertirse en un proceso legal.
Aquí es donde creo que mostrar los nombres de los directivos también es importante, no para convertirlos en culpables, sino para poner presión sobre quienes toman las decisiones y exigir respuestas.
Si una universidad decide que cierto castigo es suficiente para una conducta relacionada con una acusación de esta gravedad, tenemos derecho a preguntar quién tomó esa decisión y el porqué.
No quiero que en el futuro una institución vuelva a pensar que una respuesta mínima es suficiente cuando existen acusaciones tan graves. Las consecuencias tienen que ser proporcionales y tienen que demostrar que la seguridad de los estudiantes realmente importa.
Eso demuestra por qué la transparencia importa.
Los nombres y los rostros no son una sentencia, sino una manera de poner atención sobre las personas involucradas, incluyendo a quienes tienen posiciones de poder para que tengan que responder por sus decisiones.
La justicia no debería depender de que una historia se vuelva viral dos años después para que finalmente todos empiecen a hacer preguntas.
